¡Visita nuestras redes sociales!
La violencia de género, ignorada como factor de riesgo de problemas de salud mental e intentos de suicidio
Featured

La violencia de género, ignorada como factor de riesgo de problemas de salud mental e intentos de suicidio

La violencia de género constituye uno de los principales factores de riesgo de problemas de salud mental, tanto en las mujeres que los sufren, como en sus hijos e hijas que se convierten en testigos involuntarios. Sin embargo, a pesar de las nefastas consecuencias psicológicas, y de que para la OMS el maltrato es un factor precipitante, considerado la causa del 25% de los intentos de suicidio de las mujeres, esta relación entre violencia de género y problemas de salud mental continúa invisibilizada e ignorada a nivel de salud pública.

Esta es una de las principales conclusiones extraídas del Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España: 2018 que acaba de hacer público la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, y en el que se recogen las demandas atendidas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación en 2018. Violencia de género, esterilizaciones forzosas o abortos coercitivos, son algunas de las denuncias relacionadas con el abuso y la vulneración de derechos de las mujeres con problemas de salud mental, recogidas en el informe.

Nel Anxelu González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, argumenta la necesidad de elaborar a conciencia este tipo de informes porque “los derechos de las personas con problemas de salud mental se ven vulnerados casi a diario, y no solo debemos visibilizarlos, sino que también hemos de ofrecer respuestas y soluciones”.  Para González Zapico “es indispensable el respeto de los derechos humanos” y reclama que “el sufrimiento psíquico no puede ser un motivo para la discriminación ni para añadir más dolor a la persona”.

En línea con años anteriores, el documento constata que en España se siguen vulnerando a diario otros derechos fundamentales de las personas con algún problema de salud mental, que siguen sufriendo violencia y maltrato dentro de las instituciones hospitalarias, hasta el punto de, en ocasiones, provocarles la muerte. De hecho, este último informe recoge dos denuncias de fallecimientos durante ingresos hospitalarios involuntarios.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación, lamenta que aún sean necesarios informes de estas características. “Existen carencias muy graves en materia de atención a la salud mental que, en el fondo, esconden una falta de consideración a la persona como sujeto de derechos humanos y se basan en una cultura de prejuicio que, por tanto, no es capaz de ver caminos alternativos para garantizar esos derechos, con lo que se perpetúan roles y prácticas, aunque sean ineficaces y erróneos”.

Comité Jurídico SALUD MENTAL ESPAÑA
Comité Jurídico de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA

El Servicio de Asesoría Jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA, atendió en 2018 un total de 149 demandas, el 74,5% efectuadas por mujeres y el 25,5% restantes, por hombres. Al respecto, Muñoz Escandell puntualiza que esta diferencia sustancial entre hombres y mujeres, “no solo responde a que estas hagan consultas para ellas mismas, sino también para resolver las necesidades de sus familiares, dado el papel de cuidadoras que, por lo general, asumen”.

Maternidad y salud mental: una vulneración de derechos constante

El estigma social asociado a los trastornos mentales es el responsable de que las personas no pidan ayuda para poder llevar vidas saludables y productivas, circunstancia que se da igualmente en las mujeres que son o quieren ser madres, con la repercusión negativa que ello conlleva para su salud mental y la de sus hijos e hijas.

Tal y como revela el informe, los problemas que afectan a la salud mental asociados y/o derivados del proceso de maternidad, como la depresión postparto o el duelo gestacional o perinatal, están completamente invisibilizados, a pesar de que, según datos de la OMS, la depresión postparto afecta concretamente a una de cada seis mujeres que dan a luz.

De igual manera, el documento denuncia la vulneración constante y permanente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen algún problema de salud mental, a las que se somete habitualmente a esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos, o incluso, a la retirada de la custodia de los hijos e hijas.

A pesar de que los efectos físicos y psicológicos de la esterilización forzada, al igual que los del aborto coercitivo, están suficientemente constatados, y de estar proscrita por normativas internacionales, en España la legislación sigue amparando la práctica de esta medida lesiva para la integridad personal.

Las esterilizaciones forzadas suelen practicarse en mujeres y niñas con discapacidad sin que exista un consentimiento informado previo, justificándose con una supuesta incapacidad de estas mujeres para ser madres, con el bienestar de la propia comunidad o de la familia, o incluso con un supuesto bienestar de las mujeres afectadas frente a las consecuencias del abuso, la violencia o los embarazos. Sin embargo, y lejos de proporcionar este bienestar, son numerosas las consecuencias negativas constatadas para la salud de las mujeres que son sometidas a esta práctica. Al eliminar la capacidad reproductiva se producen alteraciones del desarrollo menstrual, hormonal y de crecimiento, supresión del deseo sexual, y además, puede tener consecuencias para la salud mental de estas mujeres, que pueden desarrollar depresión o ansiedad.

Fallecimientos tras ingresos involuntarios y contenciones forzosas

Una de las lacras que arrastra el abordaje de la salud mental en muchos hospitales del Estado español son los fallecimientos de personas que son ingresadas en contra de su voluntad y/o sometidas a contenciones físicas. Estos ingresos vulneran el derecho a la no discriminación, a la libertad y la seguridad en igualdad de condiciones al resto de personas, y al respeto de su integridad física, tal y como recoge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que en su apartado 26 recomienda revisar o derogar todas las disposiciones jurídicas sobre esta materia.

Como denuncia SALUD MENTAL ESPAÑA, tanto en este informe como en los de años anteriores, se siguen produciendo fallecimientos en el contexto de los ingresos hospitalarios involuntarios y contenciones forzosas, lo que obliga a replantearse el modelo de atención que se ofrece a las personas con problemas de salud mental. Generalmente, las causas se suelen reducir a “fallos de seguridad”, cuando esta no es más que la punta del iceberg de todo un sistema de atención que requiere un replanteamiento desde su base.

En 2018 se registraron dos denuncias de fallecimiento de personas que fueron ingresadas en contra de su voluntad,una de ellas incluso sometida a una contención física que tuvo como resultado una parada cardiorespiratoria que derivó en fallecimiento.

En palabras de Irene Muñoz Escandell, “para frenar esta deriva, el primer paso es cambiar de mentalidad. Poner los derechos humanos en el centro de las normas, políticas y programas en materia de salud mental. Es esencial poner el foco en la necesidad de un cambio en la cultura sociosanitaria, así como en la jurídica y judicial. Y, en todo caso, preguntarse ¿cómo me gustaría, llegado el caso, que me trataran a mí? ¿Querría medidas restrictivas como las que estamos denunciando o preferiría que se exploraran otras posibilidades más acordes con un enfoque de derechos humanos? Es importante que nos respondamos a esta pregunta con sinceridad”.